La proposición no de ley
PNL
002352/01, realizada por el Grupo “Ciudadanos” en las cortes de Castilla y
León es un llamamiento
a incumplir las
leyes.
La convención
de los derechos de las personas con discapacidad se aprobó en la ONU del 13
de diciembre de 2006 y fue
ratificada
por España
en
abril de
2008. ( España se comprometió
a
llevar a
sus leyes lo que dice la
convención). A partir de este
momento,
las leyes, decretos, órdenes
e
instrucciones
elaboradas en este país,
referidas a las personas con discapacidad reflejaron, al menos como declaración
de intenciones, la
inclusión
educativa. La
LOMCE
dice :
“La equidad, que garantice la
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través
de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad
universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.” Y eso, a pesar de no ser una ley que goce del
beneplácito de los expertos
en educación,
ni de la mayoría de las fuerzas progresistas.
La exposición de motivos que hace el grupo “Ciudadanos” para que se incumplan las leyes, ya fueron esbozadas por el Consejero de
educación con unas declaraciones en las que afirmaba que la Comisión que
evaluó la deficiente aplicación en España de la convención de los
derechos de las personas con discapacidad venia con ideas preconcebidas. Lo hizo en la
inauguración de un Centro de educación
especial. Dice “Ciudadanos”que los resultados de la comisión de los derechos humanos de las
personas con discapacidad: “Resulta evidente concluir que los
resultados alcanzados por la ONU se asientan en una muestra insuficiente y
sesgada, por tanto, equívoca”.
Entiendo que nuestros representantes en las cortes regionales, o en los
ayuntamientos, o en el congreso o en el
senado, lo primero y primordial que deben
hacer es “cumplir y hacer cumplir la ley”, no en vano, S.M. Felipe VI declaraba hace
unos días que: "no es admisible
apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni
convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva,
quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".
Entiendo también que haya personas a las que no les gusten algunas leyes o que no
estén de acuerdo con su contenido, pero la solución nunca es saltárselas a la torera, sino conseguir los apoyos necesarios para cambiarlas. Mientras eso no ocurra, hacer
llamamientos, PNL, declaraciones o manifiestos es alentar a incumplir la
legalidad vigente.
Hasta hace unos años,
el código civil decía que los padres podían
reprender moderadamente a sus hijos. Esto daba cobertura legal a un
azote, un tirón de orejas o de pelo o a una bofetada. La asociación “Save the
children” consiguió la eliminación de ese párrafo y a partir de ese momento,
infrigir un castigo físico a un hijo, es un delito. Podemos estar de acuerdo o no, pero pegar a un hijo es ahora un delito aunque antes no lo
fuera. ¿Tendría sentido apelar a que antes se hacía para seguir haciéndolo y ,
además, evitar ser acusados?.
Da la impresión de que los políticos quieren conseguir el silencio sobre lo que de verdad importa
y se embarcan en la aventura del “Divide y vencerás”. Dicotomizando la realidad
entre “centros ordinarios” y “centros
específicos”; que tiene más que ver con el bien propio que
con el bien común y mucho más con el sentido propio que con el sentido común.
De esta aventura si que saldrá una verdadera dicotomía: la de los que crean
dicotomías para distraer la atención de los ciudadanos y la de los ciudadanos
dicotomizados con la atención dispersa, perdidos en una maraña de cuestiones
irresolubles por mal planteadas. Las fuerzas vivas, una vez generada la
polémica, están en disposición de hacer justo lo contrario de lo que se supone
que deberían hacer: CUMPLIR CON LA LEY.
