El Derecho a una Educación Inclusiva.

  

El jueves,  13 de diciembre  de 2012, en el salón  de actos de la sede del defensor del pueblo, en Madrid,   tuve el honor de participar  junto con  Mónica Sumay Castañeda, Vicepresidenta de la Asociación SOLCOM;  Juan Rodríguez Zapatero. Abogado y Colaborador de SOLCOM; D. Gerardo Echeita. Doctor en Psicología de la UAM y Colaborador de SOLCOM;  e Ignacio Campoy. Profesor en Filosofía del Derecho y Experto en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Responsable de la Clínica Jurídica de DDHH Bartolomé de las Casas de dicha Universidad. En una mesa redonda   sobre “El derecho a una educación inclusiva”.

En ella quedó claro que en un sistema educativo  inclusivo, basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, no pueden coexistir dos modalidades de escolarización separadas, sino que el sistema debe disponer de una única modalidad para todo el alumnado, y además debe ser un sistema basado en la calidad de la atención educativa proporcionando a cada alumno los apoyos que éste precise.

También quedó claro  que los Estados tienen que parar la discriminación tanto en el Derecho, (discriminaciones contempladas en las leyes), como en la práctica, por ejemplo cuando la discriminación ocurre en un colegio. Con frecuencia el colegio es el primer lugar donde las personas con discapacidad sufren discriminación.

Se puso de manifiesto que el principal problema para desarrollar una pedagogía de la diversidad no son tanto los instrumentos didácticos necesarios, como las convicciones sociales, culturales y pedagógicas del profesorado, alumnado y los mismos padres y madres y que las necesidades educativas también se generan mediante aquellas actitudes, acciones, culturas y prácticas institucionales, incluida la evaluación psicopedagógica, discriminatorias con la diversidad, las diferencias, las dificultades del aprendizaje, la multiculturalidad, las deficiencias, las enfermedades crónicas o la desventaja socioeducativa.

Y, como no,  hablamos  de  las  barreras actitudinales que  dificultan en gran medida la transición hacia un modelo de educación inclusiva. Estas barreras pueden proceder tanto del propio profesorado, como del resto del alumnado del centro, o de los padres de los alumnos. En una sociedad en la que el éxito académico se mide a través de la adquisición de conocimientos y en un clima de competencia no siempre resulta compartido o comprensible un concepto de educación inclusiva basado en el respeto a la diversidad, necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de todos los alumnos.